El Parque Nacional Galápagos expide la normativa para el uso y manejo de drones en las áreas naturales protegidas del archipiélago

La Dirección del Parque Nacional Galápagos expidió la Resolución MAE‑PNG/DIR‑2026‑0006‑RM, publicada en el Registro Oficial No. 238 del 6 de marzo de 2026, mediante la cual se establece la Normativa para el uso y manejo de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia —drones o aeronaves no tripuladas— dentro de las áreas naturales protegidas terrestres y marinas de la provincia de Galápagos.

Esta Resolución toma como base el Decreto Ejecutivo 827, que regula el turismo en áreas protegidas, prohíbe expresamente el uso de drones —entre otras actividades—, salvo autorización específica de la Dirección del Parque Nacional Galápagos en atención a mandatos constitucionales y de conservación.

El nuevo régimen establece un marco integral para el uso autorizado de drones, determinando que este podrá realizarse únicamente con fines de investigación científica, búsqueda y rescate, manejo, control y vigilancia ambiental, y filmación o fotografía con fines comerciales, noticiosos, educativos o culturales. Se dispone de un catálogo detallado de definiciones técnicas, incluyendo las zonas de manejo del archipiélago (zona intangible, zona de conservación y zona de aprovechamiento sustentable), con efectos directos sobre las restricciones y condiciones de operación.

Además, se fijan requisitos diferenciados según el propósito del vuelo. Para la investigación científica, se exige permiso previo de investigación, certificación vigente de piloto a distancia emitida por la DGAC, registro y certificado de operación de aeronaves no tripuladas, plan de vuelo detallado —que debe incluir análisis de riesgo y especificaciones del equipo—, y características técnicas mínimas del dron, tales como sistemas de auto‑retorno, vuelo estabilizado por GPS y mecanismos de seguridad por batería. Asimismo, la operación debe contar con observador visual y con la supervisión de un guardaparque. Se habilita el uso máximo de dos drones por permiso, operados por pilotos distintos.

Para filmaciones comerciales, informativas o culturales, se exige un conjunto similar de habilitantes —incluido el plan de vuelo— y dispone que los operadores actúen con acompañamiento de guías especializados o guardaparques para asegurar el cumplimiento de las normas y la protección de la fauna. De forma excepcional, se permite autorizar a productoras audiovisuales especializadas la toma de ortofotos o registros de alta precisión cuando se justifique técnicamente que las labores no pueden ser realizadas por el personal del Parque.

También se establecen directrices generales obligatorias, entre ellas: la prohibición de operar sobre personas no involucradas en el vuelo; exigencia de certificación DGAC para todos los operadores; coordinación previa en sitios con presencia de visitantes; límite máximo de altura de 122 metros; obligatoriedad de un copiloto‑observador visual; restricción absoluta de uso recreativo o particular; prohibición de autorizar dos o más proyectos simultáneos en un mismo sitio, y establecimiento de zonas donde la operación está restringida o prohibida, especialmente en áreas de vulnerabilidad biológica. Se incorpora además la obligación de contar con seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros y al ambiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil directa del operador en caso de daños superiores a la cobertura.

En cuanto a las operaciones en horarios nocturnos para actividades de manejo o rescate, estas serán permitidas siempre que se cumplan requisitos adicionales, como luces de posición visibles o sistemas de visión nocturna acompañados de observador visual. El incumplimiento de la normativa, o de las condiciones de una autorización particular, dará lugar a acciones administrativas, penales y civiles, según corresponda.

Finalmente, se deroga la Resolución 0000055 de 21 de junio de 2019 y se encarga a las Direcciones competentes la difusión de la nueva normativa entre operadores turísticos, agencias de viajes, guías, instituciones públicas, medios de comunicación y comunidad local, incluyendo campañas de sensibilización sobre el uso responsable de drones.


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09.03.2026

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