Mediante la Resolución No. UAFE-DG-2026-0010, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dispuso la suspensión de los plazos y términos de todos los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) en curso o que deban iniciarse bajo el nuevo marco de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

La decisión responde a la necesidad institucional de adecuar la normativa secundaria, los manuales de procedimiento y la estructura interna sancionadora a las exigencias previstas en la nueva legislación, vigente desde julio de 2025, así como a las garantías constitucionales del debido proceso y la separación de funciones exigidas por el Código Orgánico Administrativo.

Según los informes técnicos y jurídicos que sustentan la resolución, la UAFE identificó riesgos legales derivados de la aplicación inmediata del nuevo régimen sancionador sin contar todavía con instrumentos internos plenamente armonizados con la normativa vigente. Entre las principales preocupaciones figura la necesidad de definir adecuadamente las competencias de las distintas áreas institucionales y garantizar la separación entre las fases de instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores.

La suspensión tendrá una duración de 60 días, contados desde el día hábil siguiente a la suscripción de la resolución, o hasta que se expida la normativa secundaria correspondiente, lo que ocurra primero. Una vez concluido dicho período, los plazos se reanudarán automáticamente.

No obstante, la medida tiene un alcance limitado. La UAFE aclaró expresamente que la suspensión no afecta sus facultades de supervisión, requerimiento de información, controles in situ o extra situ, ni el procesamiento de reportes obligatorios de operaciones sospechosas (ROS), reportes de umbral (RESU) y demás obligaciones de reporte que deben cumplir los sujetos obligados. Tampoco interfiere con la emisión de reportes dirigidos a la Fiscalía General del Estado ni con el ejercicio de la jurisdicción coactiva.

Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica recibió el encargo de elaborar, dentro del plazo de suspensión, los instrumentos regulatorios necesarios para asegurar la correcta aplicación del régimen sancionador previsto en la nueva ley.