Mediante la Resolución No. 07-2026, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró como precedente jurisprudencial obligatorio el criterio desarrollado por la Sala Especializada de lo Laboral respecto al alcance de la cuantía determinada en las demandas laborales. El punto central del precedente consiste en reconocer que la cuantía establecida por el trabajador al presentar la demanda no constituye un límite absoluto para la condena judicial cuando, durante el proceso, se verifican derechos laborales cuyo monto real resulta superior.

La decisión se sustenta en cinco fallos emitidos entre 2017 y 2026, en los cuales la Sala Especializada de lo Laboral mantuvo un criterio uniforme sobre la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y la naturaleza estimativa de la cuantía señalada en la demanda. Conforme al sistema de triple reiteración previsto en los artículos 184.2 y 185 de la Constitución y 180.2 y 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, ese criterio uniforme pasó a constituir jurisprudencia obligatoria.

La Corte resolvió expresamente que:

“En materia laboral, la cuantía establecida en la demanda es estimativa respecto a las obligaciones económicas reales del empleador. Por consiguiente, el juez laboral tiene la obligación ineludible de ordenar el pago de los valores que resulten por derechos laborales reconocidos en sentencia aun cuando dichos valores superen la cuantía reclamada en la demanda”.

La resolución se fundamenta en principios constitucionales como la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la aplicación de la interpretación más favorable al trabajador y la obligación estatal de garantizar el desarrollo progresivo de los derechos.

La Corte también enfatizó que errores de cálculo o deficiencias técnicas de la defensa del trabajador no pueden convertirse en una causa para reducir o desconocer derechos laborales efectivamente demostrados dentro del proceso.

La resolución tiene efectos generales y obligatorios, inclusive para la propia Corte Nacional de Justicia, y solo podrá modificarse mediante el procedimiento de cambio de criterio jurisprudencial previsto en el artículo 185 de la Constitución.

A partir de este precedente:

• Los jueces laborales deberán liquidar y reconocer la totalidad de los derechos acreditados en juicio.
• La cuantía detallada en la demanda tendrá carácter referencial o estimativo.
• Los empleadores podrían enfrentar condenas superiores a los valores inicialmente reclamados cuando la prueba procesal determine obligaciones laborales mayores.
• El precedente tiene carácter obligatorio para todos los jueces del país.

La Resolución No. 07-2026, de 24 de junio de 2026, fue publicada en el Registro Oficial Año II No. 340, Sexto Suplemento, del martes 4 de agosto de 2026, y entró en vigencia a partir de esa fecha.