Consulta SPDP: las empresas que entregan datos a organismos de investigación penal siguen sujetas a la LOPDP

Mediante el Oficio No. SPDP-IGRD-2026-549-O, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) precisó el alcance de las reglas aplicables cuando entidades privadas comunican datos personales a organismos estatales encargados de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. La autoridad concluyó que la exclusión prevista en la ley para estos organismos no alcanza a la comunicación de datos que realiza una entidad privada.

La consulta surgió a partir de dos interrogantes. La primera buscaba determinar si la exclusión prevista en el artículo 2 literal f) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) también se extiende a las comunicaciones de datos efectuadas por entidades privadas. Esa exclusión se refiere a los tratamientos realizados por organismos estatales competentes en materia penal. La segunda se relacionaba con la aplicación de la excepción al consentimiento cuando la información es requerida por organismos como la Fiscalía General del Estado.

La SPDP concluyó que ambas operaciones deben analizarse de forma separada. Según la autoridad, la exclusión prevista en el artículo 2 de la LOPDP se aplica exclusivamente al tratamiento realizado por los organismos estatales competentes en ejercicio de sus funciones legales. Sin embargo, la entrega de información por parte de una empresa privada constituye una operación de tratamiento independiente y, por tanto, continúa sometida a la normativa de protección de datos personales.

La autoridad recordó que una misma información puede ser objeto de tratamientos diferenciados realizados por distintos responsables. Por esta razón, que el organismo receptor esté excluido del ámbito material de aplicación de la LOPDP no hace desaparecer automáticamente las obligaciones de quien comunica los datos. La entidad privada deberá identificar la base de legitimación que justifica la transferencia y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 7, 33 y 36 de la ley.

Respecto del consentimiento, la SPDP reiteró que la ley contempla excepciones específicas cuando los datos son requeridos por autoridades administrativas o judiciales en ejercicio de competencias legalmente atribuidas. Sin embargo, precisó que para aplicar esta excepción deben existir dos elementos. El primero es una solicitud u orden amparada en una competencia normativa. El segundo es un deber jurídico que obligue al responsable a proporcionar la información requerida.

La Superintendencia no se pronunció sobre la naturaleza jurídica concreta de la Fiscalía General del Estado para efectos de dicha disposición. Señaló que esa determinación corresponde a la normativa que regula la organización y funcionamiento de cada institución pública. No obstante, aclaró que la aplicación de la excepción al consentimiento exige analizar simultáneamente la competencia de la autoridad requirente, la base de legitimación aplicable y el fundamento normativo que obliga a la entrega de los datos.

En consecuencia, la SPDP concluyó lo siguiente:

  • La exclusión del literal f) del artículo 2 de la LOPDP comprende solo los tratamientos que realizan los organismos estatales competentes, para fines penales y en ejercicio de sus funciones legales.
  • La comunicación de datos que efectúa un responsable del sector privado es una operación de tratamiento distinta. Debe contar con una base de legitimación del artículo 7 y cumplir los requisitos de transferencia del artículo 33 de la LOPDP.
  • La excepción al consentimiento del numeral 3 del artículo 36 exige una solicitud u orden amparada en competencias atribuidas por la norma, y un fundamento jurídico que determine el deber de entregar los datos.
  • La naturaleza jurídica de cada organismo requirente, incluida la Fiscalía General del Estado, debe determinarse conforme a las normas que regulan su organización y funcionamiento.


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26.10.2026

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