El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, el 6 de octubre de 2026 y con 83 votos a favor, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario. El proyecto aún no está vigente: fue remitido al Presidente de la República, quien puede sancionarlo u objetarlo, y solo regirá desde su publicación en el Registro Oficial.
El texto modifica las reglas sobre actos normativos de la administración, notificaciones, reclamos, recurso de revisión, excepciones a la coactiva y sanciones. Reforma además el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).
Los principales cambios son los siguientes:
| Materia | Código vigente | Proyecto aprobado |
| Recurso de revisión | Potestad facultativa de la máxima autoridad | La administración debe admitirlo, sustanciarlo y resolverlo motivadamente cuando lo pide el interesado |
| Plazo para pedir la revisión (causales 1 a 4) | Tres años desde que se dictó el acto | Un año desde su notificación |
| Plazo para resolver la revisión | Un año desde que la autoridad avocó conocimiento | 180 días desde la presentación; vencido el plazo, se entiende ratificado el acto |
| Actos contra los que procede el reclamo | Actos determinativos de obligación tributaria | Cualquier acto administrativo |
| Devolución de pago en exceso | Seis meses | 120 días |
| Excepciones a la coactiva | Se presentan ante el ejecutor | Ante el juzgador o el ejecutor, a elección del coactivado |
| Multa por contravenciones | De USD 30 a USD 1.500 | Del 6% de un salario básico unificado (SBU) a 3 SBU |
| Multa por faltas reglamentarias | De USD 30 a USD 1.000 | Del 6% de un SBU a 2 SBU |
Actos normativos de la administración
El proyecto mantiene en el Presidente de la República la facultad de dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. Las máximas autoridades de las administraciones tributarias podrán dictar resoluciones con efectos generales y obligatorios.
Sobre los demás instrumentos, el texto dispone lo siguiente:
- Las circulares obligan a los funcionarios de la administración tributaria, pero no son vinculantes para los sujetos pasivos.
- Las fichas técnicas, manuales, instructivos, criterios internos y comunicados no pueden crear, modificar ni extinguir obligaciones, exenciones, beneficios o incentivos.
- Los actos normativos y los actos administrativos de la administración no pueden alterar el sentido de la ley ni ampliar o restringir su alcance.
El proyecto agrega además un derecho al catálogo de derechos de los sujetos pasivos. Las obligaciones de carácter general solo podrán definirse o modificarse mediante leyes, reglamentos o resoluciones generales publicadas. Los cambios de criterio interpretativo con efectos generales deberán constar en una norma publicada y regirán hacia el futuro, salvo que sean más favorables al sujeto pasivo.
Vigencia de las normas tributarias
Las leyes tributarias, sus reglamentos y los actos normativos de menor jerarquía regirán desde el día siguiente a su publicación en el Registro Oficial. El Código vigente fija la vigencia desde la publicación misma.
Notificaciones
Cuando el sujeto pasivo haya señalado en el expediente un medio específico para notificaciones, como un correo electrónico o un casillero judicial o electrónico, la administración deberá utilizarlo de forma prioritaria para todas las actuaciones del procedimiento. Otros mecanismos solo serán válidos en caso de imposibilidad técnica justificada.
La notificación electrónica se realizará a través del buzón electrónico del contribuyente y de los correos que este haya señalado expresamente. La fijación de un domicilio especial no impide señalar un canal específico para notificaciones.
Reclamos
El plazo para resolver se mantiene en 120 días hábiles desde la presentación del reclamo, y el proyecto exige que dentro de ese plazo la resolución también se notifique. Las causas de suspensión quedan delimitadas así:
- La administración puede requerir aclaraciones o documentos adicionales dentro de los 60 días siguientes a la presentación.
- La suspensión por esta causa no puede exceder de 90 días desde la presentación ni ordenarse más de una vez.
- El plazo también se suspende desde la notificación de la orden de determinación complementaria hasta que esta concluya.
La determinación complementaria procederá únicamente dentro de un reclamo. El texto vigente la permite también en el trámite de peticiones.
Pago en exceso
Si el contribuyente no recibe la devolución dentro de 120 días, o considera que el valor recibido no es el correcto, podrá presentar un reclamo dentro de los veinte días hábiles siguientes a la notificación del acto que niega la devolución. También podrá presentar las acciones judiciales previstas en el COGEP.
Recurso de revisión
El proyecto precisa dos de las causales. El error de hecho o de derecho debe identificarse del análisis de mérito del expediente. Los documentos de valor trascendental que aparezcan con posterioridad solo sustentan la revisión si se demuestra que fue imposible aportarlos antes, por caso fortuito o fuerza mayor.
En cuanto al trámite, el texto establece estas reglas:
- El escrito debe cumplir los requisitos del reclamo, determinar las causales en que se funda y anunciar la prueba, cuando corresponda.
- Si es oscuro o incompleto, la autoridad concederá diez días para aclararlo o completarlo; de no hacerlo, se tendrá por no presentado.
- El recurso queda insubsistente si sobre el mismo acto se inicia una acción contencioso tributaria.
- No procede cuando el fondo del asunto haya sido resuelto en sede judicial.
Los recursos pendientes a la fecha de publicación de la ley deberán resolverse en 180 días contados desde el día siguiente; de lo contrario, se configurará la negativa tácita.
Coactiva
La presentación de la demanda de excepciones suspende la competencia del funcionario recaudador. La revocatoria o sustitución de medidas cautelares que solicite el coactivado corresponderá al juzgador, y el trámite se sujetará al COGEP.
El proyecto deroga además las normas del Código Tributario sobre el trámite de las excepciones.
Pago indebido
La prescripción se interrumpe cuando la administración, al ejercer su facultad determinadora, establece o reconoce valores pagados indebidamente.
Si al resolver un reclamo o recurso contra un acto de determinación resultan valores a favor del contribuyente, la devolución debe ordenarse en el mismo acto. Esta regla aplica siempre que entre el pago y la presentación del reclamo o recurso no hayan transcurrido más de tres años.
Reformas a la LRTI
El proyecto sustituye la sanción vigente por ocultamiento patrimonial, que hoy es del 2% mensual del valor no declarado, con un máximo del 10%. El nuevo régimen es el siguiente:
- No presentar la declaración patrimonial: multa de 1.000 a 2.075 SBU.
- Presentarla sin incluir, en todo o en parte, los activos localizados en el exterior: multa del 0,5% del valor de los activos no reportados, con un tope de 2.075 SBU.
- Presentarla de forma extemporánea, antes de que la administración notifique la infracción: la multa anterior se reduce a la mitad.
El texto remite además al Reglamento de la LRTI el desarrollo de la tarifa 0% de IVA aplicable a la energía eléctrica.
Reformas al COGEP
El proyecto fija en tres años, contados desde la expedición o publicación del acto, el plazo para demandar la anulación de actos normativos tributarios.