El 22 de febrero de 2017 se publicó en el Registro Oficial la Resolución de la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado de 4 de enero de 2017, que contiene las normas regulatorias para las cadenas de supermercados y sus proveedores. Con su entrada en vigencia sustituyó a la Resolución No. 008 que contenía las «Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus Proveedores”.
La regulación es de aplicación obligatoria para todos los operadores económicos que realicen sus actividades de intermediación comercial en todo o en parte del territorio ecuatoriano, en el sector de bienes de consumo corriente: alimenticio (comprende la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas); y, no alimenticio (comprende las canastas de: bebidas alcohólicas y tabaco, bienes de consumo no duradero para el hogar, y productos de higiene personal). En específico, es aplicable a los operadores económicos que recaigan en las siguientes categorías (a excepción de los establecimientos farmacéuticos):
- Cadenas de supermercados: son todos aquellos operadores económicos que posean más de un (1) establecimiento, con tres (3) o más cajas registradoras, y que ofrezcan de manera exclusiva o significativa el servicio de venta minorista o expendio al detalle, bajo la modalidad de autoservicio de la canasta de bienes de consumo corriente alimenticio y alguna(s) de las canastas de bienes de consumo corriente no alimenticio.
- Proveedores: son todos los operadores económicos que suministren a las cadenas de supermercados bienes de consumo corriente alimenticio y/o no alimenticio.
La regulación tiene como objetivo mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos sujetos a esta norma, evitando que se realicen prácticas comerciales que constituyan riesgos a la competencia y que ocasionen distorsiones en el mercado. De igual forma, asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales acordadas; así como procurar la resolución de sus discrepancias mediante el mutuo acuerdo. Además, busca prevenir efectos de exclusión y barreras de mercado, e impulsar la participación de los actores de la Economía Popular y Solidaria.
En específico, la normativa regula:
- Las obligaciones que tienen las cadenas de supermercados y sus proveedores
- Las formas de contratación y terminación de relaciones comerciales
- Los precios, pagos y retenciones que podrán acordar los operadores económicos
- La codificación y decodificación de proveedores, productos y cadenas de supermercado
- La recepción y devolución de mercadería
- La promoción y exhibición de productos
- El impulso a la participación de los actores de la Economía Popular y Solidaria, así como de la micro y pequeña empresa
- La determinación de la dependencia económica
